Mirador Ambiental
La determinación de talar, trasplantar o podar 613 árboles en Tres Puentes en aras del desarrollo y el progreso urbano, retrata con nitidez el estado actual de la política ambiental en el país: debilidad institucional y menosprecio hacia la ciudadanía.
El distanciamiento de las instituciones y de las empresas de los principios éticos que deben dar firmeza al derecho humano a un medio ambiente sano ha corrido con velocidad progresiva desde los noventa en que se formularon las leyes más avanzadas de la época, y, del 2012 en que se reformó la constitución para reconocer ese derecho.
En el origen de esta tendencia está la incapacidad crónica de las instituciones para gestionar el desarrollo económico a partir de la sustentabilidad a pesar de que una y otra vez se lo proponen en los planes sexenales de desarrollo. Dicha tendencia ha generado un contexto desfavorable para la defensa medio ambiental.
Una de las acciones más desastrosas para el ambientalismo ocurrió con la devastación a principios de esta década de 6,659 hectáreas de selva que implicó la tala de entre 7 y 10 millones de árboles en la península de Yucatán para la construcción del Tren Maya.
Dicha obra que se ha justificado con el discurso del progreso y del desarrollo, terminó protagonizando un acto de barbarie antinatura que ha quedado registrado en la memoria nacional. Las consecuencias de esa decisión han calado hondo en la cultura ecológica de México y han averiado el motor de la justicia ambiental y dañado la autoridad moral de las instituciones. Con ello las instituciones han perdido la brújula.
Otro golpe, también brutal, ha sido el acuerdo del 24 de octubre del 2025 firmado por la Semarnat, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Profepa, mediante el cual se amnistía a los taladores y aguacateros que han hecho cambio de uso de suelo en los últimos 30 años y hasta 2019 en Michoacán.
El anterior acuerdo derivó en otro acuerdo de seguimiento de la Semarnat para entregar nuestros bosques a la Apeam y otorgarles una certificación de “libre deforestación” para que puedan vender sus aguacates al mercado estadounidense y no tener obstáculos con el capítulo 24 del T-MEC. Sin consultar a la sociedad michoacana, que es objeto de protección del derecho humano a un medio ambiente sano, el gobierno canceló toda acción legal para exigir la restauración de los bosques perdidos y con ello de los ecosistemas y zonas de infiltración hídrica que han dañado.
De las 300 mil hectáreas productoras de aguacate en el estado alrededor de la mitad provienen de la deforestación ilegal y del cambio de uso de suelo. El extravío de la brújula, pues, es alarmante y eso está relacionado con el proyecto del Morebús.
Es lamentable que el ecocidio haya sido asumido por los grupos gobernantes como eje operativo para realizar de manera descuidada el “desarrollo” y el “progreso” sepultando bajo justificaciones enrevesadas los principios de sustentabilidad y sostenibilidad.
Han preferido la motosierra antes que el estudio para construir alternativas técnico-científicas en las que conviva virtuosamente el desarrollo y el respeto a la naturaleza. Parafraseando a Ricardo Flores Magón debemos decir que el ambientalismo constitucional se está muriendo.
Si este hecho no fuera cierto la tala o trasplante de los 613 árboles del proyecto Morebus jamás estaría en proceso porque antes las instituciones habrían proclamado con firmeza un no rotundo; es más, estarían en la zona asegurando la integridad de cada árbol y con ello de cada ecosistema que albergan.
La exclusión de la sociedad en la toma de decisiones que afectan el derecho humano está pasando por encima de la constitución y suele ocurrir porque se distorsiona el sentido de la representación. El ejercicio del poder bajo la creencia de que el gobernante es el pueblo y que las decisiones que él toma representan absolutamente al pueblo es incorrecta. El gobernante que cree que encarna la voluntad absoluta del pueblo termina muy mal.
Tomar como referencia para la actuación ambiental la orden dada por la presidenta al director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas el 17 de julio, Pedro Álvarez Icaza: “No cumplas con la norma; eso es lo que te estoy diciendo”, ilustra lo que hoy ocurre con la política ambiental, pero es inaceptable.
Uno de los principios constitucionales en materia medio ambiental es el de la participación social. Este supone que todo proyecto de desarrollo económico o urbano que afecte cualquier ecosistema debe considerar a los ciudadanos porque, antes que nada, debe protegerse el derecho humano a un medio ambiente sano. Los proyectos que son cuestionados por la protesta social de los morelianos debieron contar con esa participación y en consecuencia con estudios de impacto ambiental.
Y sobre todo debieron contar con el consenso racional para la acción involucrada. Si el desarrollo y el progreso sólo se argumentan pragmáticamente para justificar la obra, entonces se está siguiendo la riesgosa ruta que se ha caminado en Michoacán para destruir los bosques y que hoy tienen al estado en condición de ecocidio. La argumentación de este tipo de proyectos no debe estar vacía de lo humano y de la compasión por lo otro: la naturaleza.
El gobierno de Michoacán y el gobierno municipal deben reconsiderar el proyecto que implica el derribo, poda o traslado de los 613 árboles y ajustarlo a una perspectiva amigable con el medio ambiente. El valor ecológico de lo existente vale en el lugar en donde existe.
Compensarlo en otro espacio siempre será insuficiente. Eso significa crear otro ecosistema en otro lugar, y está muy bien, pero los servicios ambientales que esa franja ofrece tanto a las especies que la habitan como a los pobladores de la zona de Tres Puentes no podrán ser reemplazados por el concreto.
Ojalá que la reconsideración sea asumida por las entidades gubernamentales y no den continuidad a la política ambiental que hasta ahora ha prevalecido: subordinar la riqueza natural a una idea de progreso urbano ajena a la sostenibilidad y de espaldas a la sociedad.
*El autor es experto en temas de Medio Ambiente, analista político, e integrante del Consejo Estatal de Ecología.
