El acoso laboral, negación de permisos, traslados punitivos y privilegios políticos en la Defensoría Pública de Michoacán bajo la dirección de Felipe Morales Correa han provocado renuncias de personal con décadas de servicio.

Morelia, Michoacán.-El director del Instituto de la Defensoría Pública de Michoacán, Felipe Morales Correa, fue señalado por mantener un esquema de hostigamiento laboral que incluye la negación de permisos previstos por ley, cambios de adscripción utilizados como castigos, presiones internas para provocar renuncias, desigualdad de trato entre regiones, privilegios políticos a ciertos perfiles y una operación que estaría vulnerando servicios de defensa con personal sin preparación ni experiencia suficiente.

La situación ya habría provocado al menos cinco renuncias solo en noviembre, incluyendo personas con 18 y 19 años de antigüedad, y mantiene en riesgo a más de 150 defensoras y defensores.

Los señalamientos provienen de una persona defensora de oficio que pidió reservar su identidad por temor real a represalias. La persona entrevistada describió una estructura donde, lejos de garantizar derechos laborales, el instituto se ha convertido en un espacio donde prevalecen amenazas veladas, debilidad operativa y decisiones discrecionales. “Tenemos muchísimas represalias”, afirmó.

Explicó que el director clasifica a las personas defensoras como trabajadores de confianza sin que cumplan ese perfil legal, pues no tienen personal subordinado, con el objetivo de restringir derechos establecidos, especialmente los permisos.

La Ley de los Trabajadores del Ejecutivo sí reconoce permisos de dos, tres, cuatro y hasta cinco años según antigüedad, pero Morales Correa los niega de forma absoluta, sin argumentos.

“A mí me dice que no tenemos derecho a pedir licencia. Así tal cual. No me da razones, no fundamenta ni motiva”.

Esta negativa sistemática ha ocasionado renuncias que no solo implican perder la antigüedad, sino que obligan a abandonar derechos adquiridos durante décadas.

Una de las prácticas más graves es el uso de cambios de adscripción como mecanismo punitivo. Tres personas defensoras fueron enviadas de manera abrupta a Zamora, Apatzingán y Uruapan.

“He sabido de tres personas que las han mandado a otros lugares, obviamente para fastidiarlas”.

La maniobra opera así: se ordena el cambio sin fundamento; si la persona solicita permiso, se le niega; y si no se presenta en tres días, inicia un procedimiento de despido justificado.

“La mayoría está renunciando”, relató. En todos los casos recientes se trata de personal con más de 18 años de antigüedad, mientras continúan en sus puestos personas recién ingresadas.

La persona defensora detalló además que el instituto mantiene tratos preferenciales hacia personas de regiones específicas.

“Dependiendo la región les da prioridad a todos los de Zacapu, Paracho toda esa región”, señaló, atribuyendo este comportamiento al vínculo político y personal del director con la diputada Eréndira, originaria de Paracho.

El efecto, dijo, es una operación política interna que beneficia a un pequeño grupo y castiga a quienes no pertenecen a ese círculo.

El instituto también enfrenta una crisis de profesionalización. De acuerdo con la denuncia, durante las gestiones de los directores David Ochoa (exdirector) y Felipe Morales se ha contratado personal sin el perfil requerido, sin capacidad litigante y sin experiencia.

“Cuando vas a una audiencia y ven que no tienes las técnicas de litigación dan vista al instituto y aquí han sido omisos”. Esta falta de preparación ha tenido consecuencias.

“Se puede resolver con un mecanismo alterno sin antecedentes penales, pero como no saben tramitar salidas alternas hacen procedimientos abreviados que sí generan antecedentes. Eso perjudica a la gente”.

A la precarización profesional se suma la económica. El personal tiene diez años sin aumento salarial.

La despensa mensual asciende a apenas 300 pesos. El bono por quinquenio va de 200 a 300 pesos. Las personas de contrato ganan alrededor de 18 mil pesos mensuales; quienes están en estructura, entre 24 y 25 mil.

Con esa remuneración deben cubrir incluso los costos de diligencias. “Si tengo que ir a un emplazamiento a Acuitzio yo pago la gasolina”.

La carga laboral es descomunal. En materia familiar cada persona defensora atiende entre 50 y 100 asuntos simultáneamente, y en penal entre 40 y 50, con traslados, audiencias y actos de investigación sin apoyo logístico. “Es por cada uno de nosotros, no es en pareja”, explicó.

En penal, los traslados incluyen distancias considerables: Mil Cumbres, fiscalías, juzgados distritales y diversas regiones.

También existe división interna: un pequeño grupo cercano al director, entre seis y ocho personas, goza de protección, estabilidad y bonos adicionales. “Son los menos, pero son intocables”.

Los demás están expuestos a presiones, cambios arbitrarios y la posibilidad latente de perder su empleo.

La persona defensora también señaló que Morales Correa afirma actuar bajo órdenes de instancias superiores. “Ha referido a todo mundo que él sigue solamente instrucciones del Gobernador”.

Esta afirmación, dijo, alimenta la percepción de que no existe independencia ni espacios seguros para denunciar.

“Si promuevo un amparo dudo que me den la razón. Dudo que un magistrado del bienestar me dé la razón”.

El clima de temor es general.

“Si aparece mi nombre se me van a cerrar todas las oportunidades, me pueden mandar a quién sabe dónde y se me van a cerrar todas las puertas”.

El riesgo es tal que el documento que el personal enviará al gobernador será firmado colectivamente sin identificar a nadie en lo individual.

La exigencia central es detener lo que califican como “mutilación de derechos laborales”, revisar los cambios de adscripción, reconocer los permisos contemplados en la ley, transparentar las bases y frenar el uso político del instituto.

La persona defensora insistió en que las personas que han renunciado tenían más de 18 años”.

Señaló que las renuncias no son espontáneas sino consecuencia directa de hostigamiento laboral, presiones administrativas y decisiones discrecionales.

“Nos tienen a todos callados”, expresó. “No podemos decir nada por temor a perder el empleo”.

Contramuro solicitó a Felipe Morales dar su versión de la situación, además se pidió vía comunicación social del Instituto de Defensoría Pública de Michoacán una respuesta institucional ante los señalamientos, pero hasta el cierre de edición de esta nota informativa no se había obtenido respuesta.