El gobierno estatal considera inviable la exigencia de fijar en 6 mil 250 pesos el precio base por tonelada de maíz.
Redacción / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. Las organizaciones campesinas que mantenían diálogo con el Gobierno de Michoacán se negaron a sostener una mesa de trabajo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, rompiendo así los acuerdos alcanzados previamente tanto con las autoridades estatales como con el Gobierno de México.
A través de un comunicado, el gobierno estatal indicó que a pesar de la disposición del mandatario para recibirlos de manera directa y atender sus planteamientos, los productores optaron por abandonar las mesas de diálogo y escalar sus exigencias, entre ellas la fijación de un precio base de 6 mil 250 pesos por tonelada de maíz, cifra que ha sido calificada como inviable ante las condiciones actuales del mercado y los mecanismos de comercialización vigentes.
En un primer momento, los productores habían firmado un convenio para establecer un precio de 6 mil 50 pesos por tonelada, monto que representa un incremento de aproximadamente 25 por ciento por encima del precio internacional del maíz. Dicho acuerdo incluía un apoyo extraordinario de 100 millones de pesos por parte del Gobierno de Michoacán para garantizar la viabilidad del esquema.
Sin embargo, con su negativa al diálogo y su rechazo a reunirse con el gobernador, los representantes del sector rompieron los compromisos nacionales suscritos con el Gobierno Federal, además de contradecir las propuestas que ellos mismos habían respaldado semanas atrás.
Entre sus nuevas peticiones, los productores también plantean la eliminación del apoyo a pequeños agricultores con menos de 5.5 hectáreas, quienes actualmente reciben un incentivo de 300 pesos a través del programa Producción para el Bienestar, medida que contradice los principios de equidad y justicia social que orientan la política pública para el campo.
Paralelamente, las organizaciones mantienen la toma de casetas en los municipios de Panindícuaro y Zinapécuaro, afectando el libre tránsito y vulnerando lo establecido en el punto siete de los acuerdos nacionales, que prohíbe expresamente el bloqueo de carreteras o casetas de peaje como forma de manifestación.
 
                     
                         
                         
                         
                     
                         
                         
                         
                 
                 
                 
                 
     
                 
                 
                