El Congreso de Michoacán aprueba la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial sin un análisis exhaustivo.
Morelia, Michoacán.- Al vapor, este miércoles el aprobó la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Con tan sólo una lectura y 48 horas de publicidad del dictamen elaborado por la Comisión de Justicia.
La mayoría oficialista no mostró interés en participar en la discusión y análisis de la legislación que normará la vida interna del Poder Judicial. Aunque la Comisión de Justicia intervino en la elaboración del dictamen y fue la que lo presentó, éste se confeccionó en las oficinas de la Secretaria de Gobierno del Estado, con la participación del Ejecutivo y el Judicial.
El único legislador que durante la sesión del Pleno visibilizó la abdicación de los diputados a sus responsabilidades para el análisis de una norma como la que se discutía, fue Antonio Carreño Sosa, de Movimiento Ciudadano.
Pero la inconformidad de Carreño molestó y fue cuestionada incluso por diputados que votaron en contra de la nueva norma, como el priista Guillermo Valencia Reyes, quien como ya se había posicionado sobre la reforma al Poder Judicial hace meses, prefirió en esta ocasión evitar la fatiga de hacerlo nuevamente, y optó por reprocharle a Carreño que los balconeara en tribuna por no discutir el tema.
La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial fue aprobada en lo general con 30 votos a favor y siete en contra. Asimismo se realizaron cinco reservas para corregir diversos errores que los diputados detectaron en las 48 horas que tuvieron para revisar el dictamen.
Al hacer uso de la tribuna Antonio Carreño manifestó su preocupación de que un tema tan importante como la Ley en cuestión, “se busca pasar de una manera apresurada, en un dictamen que se nos hizo llegar con escazas 48 horas para revisar 149 páginas, con más de 300 artículos, con una sola lectura y con falta de consensos”.
“Pareciera que estamos aprobando la modificación de un artículo”, lamentó el legislador quien acusó que para el Congreso el tema pareciera de mero trámite. “Una iniciativa que toca la vida no sólo de las personas juzgadoras, sino de los trabajadores del Poder Judicial, de los equilibrios de poderes del estado, de la impartición de justicia y por ende de la vida de tantos michoacanos, y que vaya a pasar por este Pleno como mero trámite sin haber hecho a conciencia de lo que lleva la Ley, es lamentable”.
Juan Antonio Magaña de la Mora, al momento de emitir su voto, comentó sobre inconsistencias en el contenido del dictamen. Como ejemplo puso el artículo 20 transitorio, que habla de pagar una indemnización con recursos del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, pese a que existe una Ley especial para dicho fondo que “señala categóricamente, cómo deben hacerse y para qué las disposiciones del Fondo”.
Pese a la inconsistencia ejemplificada el expresidente del Poder Judicial, señaló que el dictamen podía caminar en sus términos, y “simplemente tener en el radar” no provocar antinomias.
La diputada Belinda Iturbide Díaz, reservó la fracción primera del artículo 66 ya que, como inicialmente estaba redactado hablaba de tribunales de enjuiciamiento colegiados, obviando a los unitarios.
A su vez, el legislador Salvador Mendoza reservó el artículo 91, pues en su fracción primera había una antinomia con el artículo 96, relacionado con la presidencia del órgano de administración del Poder Judicial.
David Martínez hizo dos reservas, una al artículo 194 y otra en el artículo transitorio 19. En el primer caso porque su fracción tercera establecía como requisito la ciudadanía mexicana por nacimiento, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia de que exigir la ciudadanía por nacimiento como requisito para ejercer cargos y funciones puede ser inconstitucional.
En tanto el diputado Marco Polo Aguirre Chávez también hizo una reserva para incorporar un artículo 21 transitorio, para que todas las lagunas que quedan en la norma que aprobó el Congreso, sean resueltas por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia.
