Mirador Ambiental

El 9 de noviembre del 2025 se dio a conocer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, a tan sólo 8 días del asesinato del presidente municipal de Uruapan Carlos Manzo. Su objetivo fundamental fue atender las causas estructurales de la violencia en Michoacán.

Para implementar sus 12 ejes, se destinaron 57 mil millones de pesos, según fuentes oficiales, y se desplegaron 12 mil elementos federales, de la Defensa, Marina y Guardia Nacional.

A casi 10 meses el Plan Michoacán, sin embargo, parece estar rebasado por la realidad. En ese tiempo no pudo cumplir sus metas. En primer lugar, la referida a recuperar la paz social, prevenir la violencia y eliminar la extorsión.

Durante estos casi 10 meses las bandas criminales se han dedicado con empeño a retar a las autoridades gubernamentales confirmando su control territorial sobre actividades productivas, poblaciones y sobre las redes políticas locales.

El pasado 5 de agosto el gobierno de los Estados Unidos suspendió todas sus actividades oficiales en Michoacán por considerar que existían amenazas directas a sus intereses. De manera simultánea a través del Departamento de Estado y la DEA comunicó que ya estaba yendo contra el CJNG, sus redes operativas e incluso los políticos que le dan protección.

En el marco de estos comunicados también se cerró la frontera a las exportaciones del aguacate michoacano bajo el argumento de que la cadena de exportación validado por el Sistema Integral de Cosecha de Aguacate (SICOA) había sido vulnerada por el crimen organizado dejando paralizadas más de 9,800 toneladas.

Aunque el sábado por la tarde se levantó parcialmente la prohibición y reanudarán de forma progresiva las inspecciones en tres zonas de la franja aguacatera, la mayoría (38) de los municipios seguirán bloqueados temporalmente, sin embargo, la causa estructural del problema, la inseguridad, sigue en pie.

Estos eventos confirman que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia no sirvió de mucho porque, como es sabido, no habría logrado erradicar la extorsión a un cultivo de trascendencia internacional y mucho menos a otros cuyo monto es menor como el de limón, plátano, berries, o actividades como la madera, la resina, la ganadería, el comercio y servicios.

Si bien es cierto que en los últimos meses han sido detenidos o abatidos a algunos jefes criminales, como los “Sierra”, Audias Flores el “Jardinero”, Alfonso Fernández “la Quiringua” o Ramón Álvarez Ayala el “R1” y desarticuladas algunas células operativas en el estado, también es cierto que las capacidades operativas de los cárteles poco se han visto afectadas.

La estrategia gubernamental, hasta ahora, ha sido insuficiente y se ha limitado a podas muy pequeñas del frondoso árbol criminal y a tener presencia simbólica, pero inocua en zonas de alta violencia. Los 12 mil efectivos que llegaron a Michoacán en noviembre pasado tuvieron más un efecto de propaganda oficial que de resultados como el desmantelamiento y anulación de las redes criminales.

Con tanto poder de fuego, capacidades militares y de inteligencia que tienen las instituciones mexicanas cabe la reiterada pregunta cívica: ¿Por qué no desmantelan ya a los grupos criminales?

El daño que le están haciendo a Michoacán los 17 cárteles que aquí operan continúa destruyendo la economía y su confiabilidad. Ese solo hecho habla de un fracaso evidente en materia de seguridad y buen gobierno. Que uno de esos cárteles, el CJNG, tenga presencia en 111 de los 113 municipios, presumiendo su capacidad de extorsión, exterminio y control político, es una tragedia que todos estamos pagando.

Los grupos criminales desde hace tiempo ejercen gobernanza en la mayor parte del estado, lo que hoy pasa con el aguacate es apenas la punta del icberg. La mayor parte de nuestra economía está atrapada por ellos. Todos los michoacanos, en mayor o menor medida, pagamos al narco por los productos y servicios que consumimos. La riqueza que cada año le roban a los michoacanos asciende, según datos de la propia Fiscalía del Estado, a más de 28 mil millones de pesos.

Esta escandalosa cifra, para que nos demos una idea, representa la mitad del presupuesto destinado a educación (50 mil millones), seis veces el presupuesto para obra pública (4,186 millones), la cuarta parte del presupuesto total del estado (107 884 millones), y supera al presupuesto del estado de Colima (22 255 millones).

¡De ese tamaño es su poder económico en Michoacán! ¡De ese tamaño su poder político!
La escala nacional también es brutal. Según datos del Departamento de Estado de los Estados Unidos el crimen organizado se apodera de 80 mil millones dólares por año. Si ese dinero se distribuyera entre los 32 estados de la república cada entidad recibiría 42 000 millones de pesos mexicanos.

La crisis mexicana no puede seguir ocultándose. La realidad nos seguirá golpeando en diversos planos, economía, seguridad, descomposición social y relaciones internacionales. No debiera ser el gobierno de Estados Unidos el que desmantele al CJNG y a los demás y procese a sus integrantes, incluidos políticos, sino el Gobierno de la República. Ese es el punto cardinal que le hace falta al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: desmantelar y procesar a todos los carteles que operan en la entidad y que han tomado como escudo humano a su población.

De nada servirá que hayan enviado al estado 1,557 efectivos, si solo irán a hacer presencia simbólico-pasiva a la zona aguacatera. Si no derrotaron al crimen con los patrullajes de 12 mil que llegaron en la primera remesa, menos podrán con la séptima parte de los que ahora envían.

Si no se da un ajuste duro en la política anticrimen, y en función de él se logra un convenio con el gobierno estadounidense para combatir al narco de acuerdo a nuestras leyes, chocarán en el territorio estatal dos visiones contrapuestas: la ya anunciada unilateralmente por Estados Unidos para desmantelar a las organizaciones criminales-terroristas y sus complicidades políticas (que ya lo está haciendo) y la mexicana consistente en podar ramitas del árbol criminal y esconder los vínculos de políticos mexicanos.

Ese choque de propósitos divergentes en el territorio estatal tendrá consecuencias terribles. Si no se ataca al nido de la serpiente en donde se fragua esta tragedia de corrupción y sangre, todo esfuerzo por darle seguridad a los michoacanos fracasará.

El nido de la serpiente es la red de políticos que operan con ellos, para ellos y por ellos: presidentes municipales, diputados, senadores y funcionarios gubernamentales. ¿Para qué esperar a que Estados Unidos lo haga y rebase por completo al Estado mexicano?

El gobierno, además, sabe que los 17 carteles ya están operando la elección del 27. Si no paran esto y se hace valer la ley, Michoacán será un estado totalmente narco para esa fecha. Tendrá políticos de 17 cárteles y la política se reducirá a la voluntad sádica asesina de esos capos, como ya pasa en estados como Guerrero y también en algunos municipios de Michoacán como Madero y otros.

¿O la sociedad deberá agradecer la operación estadounidense para desmantelarlos y para evidenciar la relación entre políticos y criminales?

*El autor es analista político, especialista en temas de Medio Ambiente, e integrante del Consejo Estatal de Ecología