Editorial | Caravanas con sombrero ajeno: la bitácora del viaje al Oriente

La comitiva del Gobierno de Michoacán cruzó el Pacífico para negociar una soberanía económica que simplemente no posee en sus leyes locales. Presumir el dinamismo del puerto de Lázaro Cárdenas como un logro propio tiende a esquivar que la aduana y el recinto portuario operan bajo el estricto control de la federación.

Asimismo, el publicitado hermanamiento con la provincia de Shandong se perfila para engrosar la larga lista de convenios de papel que carecen de dientes jurídicos. Sin incentivos ni facultades aduanales reales, estas firmas protocolarias sirven más para las fotos oficiales que para bienestar social alguno.

Respecto al Morebús, la presencia del mandatario michoacano en la línea de montaje de Yutong aporto un nulo valor técnico a la supervisión de las unidades importadas. La revisión de los chasises híbridos requería ingenieros especializados en movilidad urbana, que, hasta donde sabemos, no fueron, pero bueno.

Sin embargo, desde Casa Michoacán, que no Palacio de Gobierno, la lectura de la comitiva oficial defiende con firmeza el peso institucional de la travesía. Para la administración estatal, el viaje no es simulación, sino la gestión proactiva que coloca al estado en la competencia global por el nearshoring, buscando dar certidumbre a las inversiones.

Al final, esa estrategia intenta maquillar la agenda exterior como una gesta histórica de desarrollo, cuando la realidad económica dicta otra situación. Las monedas extranjeras que sostienen el puerto de LZC dependen de la geopolítica federal y el T.MEC, campos ajenos a la jurisprudencia del territorio michoacano.