Odisea Política
Michoacán, enfáticamente el pueblo, no necesita de improvisaciones ni de palabras vacías que solo están basadas en recuerdos obsoletos y falsas modestias, o en situaciones que argumentan parcialmente “tratos inmerecidos” y que reclaman triunfalismos por la vía del resarcimiento con características que pueden leerse como resentimientos y facturas que como deuda debe pagarse con la “voluntad” del pueblo.
Y es que en el entramado de la disputa política las transformaciones no pueden estar basadas en estrategias de manuales viejos de quienes sometieron a este país durante 70 años, entonces para qué reciclarlas y porqué trasladar estas para hacerle frente a diversas complejidades que Michoacán no necesita agudizar sino reconocer, atender y resolver ya.
Varios son los frentes que se tienen abiertos entre ellos los de inseguridad que siguen siendo la principal demanda en diversos hogares, sectores, regiones, negocios, etc. a los que se suman los que como país enfrentamos derivado de la presión que ejerce el vecino del norte, aunado a la ideología de la muerte, la destrucción y la guerra que pretende imponerse por la vía de libertarismo que divide a los pueblos con graves consecuencias que suponíamos haber superado desde la independencia y la revolución en nuestro país.
Ante el escenario que presenta Michoacán y las complejidades que enfrenta, sería momento de preguntarnos ¿qué viabilidad hay entre el uso de la retórica basada en promesas que pretenden devolver prácticas complacientes y muestras de exceso de pragmatismo? Y ¿en qué riesgos pueden derivar esto al contraponerse al proyecto de nación que ha defendido la Presidenta Claudia Sheinbaum?
Pues bien, los riesgos de prometer el retorno a “prácticas complacientes” implica ceder ante grupos de presión tradicionales mediante arreglos informales: venta o herencia de espacios o plazas, discrecionalidad presupuestal, chantajes políticos y concesiones opacas a cambio de una gobernabilidad ficticia en las calles. Michoacán ya experimentó durante décadas el colapso financiero y operativo generado por el “huachicol educativo” y el clientelismo. Pretender revivir estos mecanismos es insostenible en un contexto donde las finanzas públicas estatales y federales están sujetas afortunadamente a auditorías y mecanismos de digitalización.
Mientras que el exceso de pragmatismo puede acarrear que cuando la política se reduce a un mero cálculo de costo-beneficio de corto plazo: negociar con cualquier actor, ceder en principios anticorrupción o tolerar irregularidades siempre que mantengan bajo control el conflicto social, tiene como resultado el aparentar una paz social momentánea, en acuerdos frágiles sobre bases podridas que se rompen en cuanto el recurso económico o político escasea.
La presidenta ha mantenido una postura firme frente a presiones gremiales o corporativas. Su modelo exige que los programas sociales y los presupuestos se asignen por derecho y transparencia, jamás como botín de negociación política. Por el contrario, su firmeza que ha sido juzgada como necedad, se caracteriza por la disciplina operativa, la planeación y la firmeza metodológica, pero principalmente con honestidad.
Para la política michoacana la viabilidad no reside ni en la nostalgia del clientelismo paternalista ni en el cinismo del pragmatismo sin principios. La única ruta congruente con la agenda federal es el orden institucional con sensibilidad social: garantizar los derechos laborales de los trabajadores y el bienestar del pueblo mediante mecanismos transparentes, con autoridad moral y sin chantajes, a lo que solo hoy Gaby Molina ha demostrado a través de capacidad y resultados concretos, haciendo equipo con la Presidenta Claudia Sheinbaum, como quedó demostrado con el Plan Michoacán, evidenciando que sólo así a través de la educación se puede transitar hacia un camino pacificador y de bienestar social que tanto requiere nuestro querido estado.
