Una coalición de 24 estados y el Distrito de Columbia demandó este jueves al Gobierno del presidente Donald Trump por condicionar fondos federales destinados para la preparación, respuesta y recuperación de desastres y emergencias si no se adoptan sus políticas, especialmente en temas migratorios.

La querella, presentada en un tribunal federal de Rhode Island, argumenta que las últimas condiciones impuestas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a los miles de millones de dólares en subvenciones, aprobadas por el Congreso de EE.UU., son ilegales e inconstitucionales.

En concreto, la Administración Trump ha exigido a los estados que para recibir los fondos deben cumplir con ciertos mandatos federales, como de control migratorio y colaboración con las agencias federales, la aceptación de nuevos requisitos de administración electoral y la posibilidad de que se cancelen los fondos basándose en otros criterios.

Esta no es la primera vez que la Casa Blanca ha intentado bloquear estos fondos destinados para las emergencias.

El fiscal de California, Rob Bonta, explicó este jueves en una conferencia de prensa que, junto a otros fiscales estatales, ya habían impugnado y bloqueado dos intentos similares relacionados con estos mismos programas de subvenciones.

“La Administración ya ha perdido batallas similares en los tribunales, y prevemos que este último intento ilegal también fracasará. Nuestras comunidades merecen algo mejor que ver sus recursos esenciales envueltos en juegos políticos”, agregó que encabeza la demanda junto al fiscal de Illinois Kwame Raoul.

Por su parte, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, también arremetió contra Trump, advirtiendo que el mandatario estadounidense no puede coaccionar al Estado Dorado para cambiar sus propias leyes electorales.

Los estados de New Jersey, Rhode Island, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Hawaii, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Vermont, Virginia, Washington, y Wisconsin, Kentucky y Pennsylvania, se unieron a Illinois y California en la demanda.