Morelia, Michoacán, 06 de mayo de 2025.- Catorce jueces y exjueces federales presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para obtener una «reparación integral por la violación de sus derechos humanos» causada, según afirman, por la reforma judicial, informó este martes en un comunicado un grupo que representa a los magistrados.
La amplia reforma constitucional del poder judicial, aprobada en septiembre del año pasado, supuso un cambio histórico para los tribunales mexicanos a todos los niveles. Implica que los votantes acudan a las urnas a elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte en dos etapas, en junio y de nuevo en 2027.
Los críticos de la reforma afirman que amenaza la independencia política del poder judicial, difuminando la separación de poderes y exponiéndolo a la influencia de fuerzas externas como el crimen organizado.
¿Por qué es importante?
La CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos, no podrá derogar la reforma, pero sus decisiones tienen una importancia simbólica.
Las críticas a la reforma, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que cuenta con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, llegan en un momento delicado para su administración, que navega por las tensiones comerciales con Estados Unidos.
El gobierno de Sheinbaum no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la petición, pero el Gobierno ha argumentado en repetidas ocasiones que la reforma es necesaria para erradicar la corrupción dentro del poder judicial y hacerlo más democrático.
«Esta petición ofrece una oportunidad para que el Sistema Interamericano aborde las alegadas violaciones de la independencia judicial en México y cuestiones más amplias relativas a los procesos de la reforma judicial«, dijo Jaime Chávez, director ejecutivo adjunto del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, que presentó la petición en representación de los jueces.
«Esta reforma, bajo la apariencia de neutralidad, constituye en realidad un mecanismo de politización y captura de la judicatura«, afirma la petición. (CON INFORMACIÓN DE: EL ECONOMISTA)
