•⁠ “⁠No permitiremos que la delincuencia elija Gobernantes; el PRD votará a favor de la nulidad electoral”, aseveró el legislador.

Morelia, Michoacán, 27 de mayo de 2026.- “En Michoacán las elecciones no pueden decidirse bajo amenazas, violencia o presión del crimen organizado”, aseveró el diputado del PRD, Octavio Ocampo, quien presentó una propuesta de reforma electoral para que cualquier proceso contaminado por la intervención de grupos delictivos pueda ser anulado cuando se acrediten afectaciones graves en las casillas electorales.

Octavio Ocampo, explicó que la iniciativa busca establecer mecanismos legales para proteger el voto ciudadano y evitar que la violencia altere los resultados electorales. “No podemos permitir que una elección sea válida cuando existen amenazas, presión o intervención del crimen organizado. La democracia debe defenderse con reglas claras y con instituciones que actúen”, señaló.

La propuesta contempla modificar la Ley de Justicia en Materia Electoral y Participación Ciudadana del Estado, estableciendo que la nulidad pueda decretarse por casillas afectadas. En caso de que se anule más del 20 por ciento de las casillas de una elección por incidencia delictiva, se procedería a declarar la nulidad total del proceso electoral correspondiente.

Octavio Ocampo indicó que el planteamiento forma parte de los trabajos de análisis de la reforma electoral local en las mesas interinstitucionales entre el Congreso del Estado, el Instituto Electoral de Michoacán y el Tribunal Electoral del Estado. Añadió que el objetivo es fortalecer la legalidad de los procesos electorales y garantizar que las elecciones se definan por la participación ciudadana.

El legislador aseveró que el PRD “ha sido, desde sus orígenes, un partido impulsor de la defensa democrática y de las libertades políticas del país. Su surgimiento estuvo acompañado de la exigencia de elecciones libres, instituciones electorales autónomas y garantías para la participación ciudadana. A lo largo de los años, el PRD promovió reformas que contribuyeron a la democratización de México, y hoy mantiene vigente esa misión al promover mecanismos legales que protejan la voluntad popular y la legalidad de los procesos electorales”.