Desmentido oficial. El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rompió el silencio este jueves para desmentir las versiones que señalaban que se encontraba resguardado en instalaciones militares tras los señalamientos de autoridades estadounidenses. A través de sus redes sociales, el político de Morena fue enfático al señalar que permanece en su domicilio particular en la ciudad de Culiacán.

Aclaración de la situación personal

Tras 69 días apartado de su cargo para enfrentar las acusaciones del Departamento de Justicia de EE. UU., Rocha Moya precisó:

"Desde el día 1 de mayo hasta hoy he permanecido, sin moverme, en mi domicilio en la ciudad Culiacán. No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna".

El mandatario con licencia denunció ser blanco de una "atroz embestida mediática" y reiteró su inocencia frente a las imputaciones, calificándolas de carentes de sustento legal y fáctico. Asimismo, atribuyó estas versiones a un ataque de la "ultraderecha" con fines de desestabilización política.

Postura del Gobierno Federal

Las declaraciones del gobernador coinciden con lo expresado previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien durante su conferencia matutina negó categóricamente que existiera un operativo de protección militar para el sinaloense. Sheinbaum calificó los rumores como intentos de "dañar al Gobierno" y reafirmó la postura oficial:

• Sin pruebas no hay detención: El Gobierno federal ha reiterado que, mientras Estados Unidos no envíe las pruebas que justifiquen una acción legal, no se procederá con detenciones contra los funcionarios señalados.
• Defensa de la soberanía: La mandataria advirtió que el narcotráfico no debe utilizarse como pretexto para la injerencia extranjera en asuntos internos de México.

Contexto del caso

Desde abril pasado, la solicitud de detención con fines de extradición contra diez altos funcionarios de Sinaloa —por su presunta vinculación con la facción de 'Los Chapitos' del Cártel de Sinaloa— ha mantenido una tensión diplomática constante con Washington. Mientras el proceso continúa, el caso ha generado un intenso debate sobre los límites de la cooperación judicial y la soberanía nacional frente a las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense.