El imputado fue detenido tras ofrecer dinero y un vehículo a agentes investigadores para evitar ser puesto a disposición

Morelia, Michoacán.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de Eduardo “N”, por su posible participación en los delitos de secuestro y cohecho, cometidos en agravio de un trabajador de una institución bancaria, en el municipio de Uruapan.

De acuerdo con los datos que constan en la Carpeta de Investigación, el pasado 18 de octubre, el ejecutivo bancario fue privado de su libertad cuando circulaba a bordo de una camioneta Kia Sportage, color gris, por la localidad de Capacuaro, Michoacán.

Posteriormente, varias personas se comunicaron con el hijo de la víctima, a quien le exigieron dinero, así como la entrega de la documentación del vehículo a cambio de liberar a su padre. Ese mismo día, en las inmediaciones de la colonia La Quinta, en Uruapan, se realizó un primer pago a los ocupantes de una camioneta Silverado, color gris y se les hizo entrega de una camioneta Mazda blanca y la factura de la Kia; sin embargo, la víctima no fue liberada y continuaron las exigencias de rescate.

El pasado 21 de octubre un hombre volvió a comunicarse para exigir un nuevo pago, el cual también fue entregado. Un día después, el 22 de octubre, Eduardo “N” fue detenido cuando circulaba a bordo de una camioneta Chevrolet Silverado color gris sobre el Anillo de Circunvalación, en Uruapan.

Durante su aseguramiento, el imputado ofreció a los agentes investigadores la cantidad de 10 mil pesos y la camioneta en la que viajaba, con la finalidad de evitar ser puesto a disposición, por lo que también fue detenido por el delito de cohecho.

En audiencia, el Juez de Control valoró los datos de prueba expuestos por la Fiscalía y resolvió vincular a proceso a Eduardo “N” por los delitos de secuestro y cohecho, imponiéndole además la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Con acciones firmes, la Fiscalía General del Estado de Michoacán refrenda su compromiso de combatir los delitos que atentan contra la libertad personal y la función pública, garantizando el acceso a la justicia para las víctimas.