Recordó que el delito de extorsión creció un 400 por ciento en Michoacán

Con el firme compromiso de garantizar la seguridad de las y los michoacanos, la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, presentó una iniciativa para reformar el artículo 16 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán, con el objetivo de facilitar la denuncia del delito de extorsión mediante el uso de herramientas tecnológicas.

“Miles de negocios han sido forzados a cerrar sus puertas por miedo o por no poder pagar el impuesto criminal que representa la extorsión. Esto no puede seguir ocurriendo en un Estado de derecho”, subrayó la legisladora priista en la Tribuna de la LXXVI Legislatura Local durante la sesión celebrada este día.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dijo que la tasa de extorsión a nivel nacional aumentó un 60% en la última década, y en Michoacán el crecimiento fue de más del 400%, al pasar de 0.92 a 5.92 víctimas por cada 100 mil habitantes entre 2014 y 2024.

Además, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública (ENVIPE) reveló que en los últimos años más del 96% de las extorsiones no se denuncian, lo que evidencia una alarmante “cifra negra” y una falta de respuesta institucional.

Por ello, Adriana Campos propuso esta reforma para que por Ley, se diseñen aplicaciones electrónicas para que las víctimas del delito de extorsión puedan denunciar este ilícito de forma sencilla y anónima.

Además de que la información que se genere será compartida con los órganos e instancias que integran el Sistema Estatal para efectos de inteligencia e investigación.

Esta medida, recordó, ya ha sido implementada en otras entidades como Ciudad de México, Sonora, Zacatecas y Chiapas, con resultados prometedores en la recopilación de datos e identificación de patrones delictivos.

“Con esta herramienta, queremos empoderar a la ciudadanía, generar más denuncias, y dotar al Estado de mayor capacidad para actuar contra este crimen que está criminalizando el emprendimiento y la vida productiva de nuestro pueblo”, puntualizó Adriana Campos.

Evidenció que sectores como el autotransporte, comercio minorista y negocios familiares se verían beneficiados con esta medida, al tener un mecanismo eficiente y seguro para denunciar sin temor a represalias.

“Una de las conductas delictivas que más se ha expandido a lo largo de los últimos años es la extorsión, ello debido a la sofisticación tecnológica, a la ausencia de investigaciones y sanciones y a la desconfianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de la procuración de justicia, lo que redunda en una casi inexistente cultura de la denuncia. Por eso es urgente actuar y fortalecer la norma”.