Morelia, Michoacán

Tras un largo debate, tres diputados de Morena votaron en contra de la iniciativa del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para desincorporar 37 bienes inmuebles y predios del gobierno estatal, a la que se opusieron también las bancadas de la oposición.

El bloque compuesto por Sandra Olimpia Garibay, Itzé Camacho y Juan Carlos Barragán, así como los grupos parlamentarios del PAN, PRI y MC, se opusieron a la venta de 23 bienes del gobierno, mientras que el resto de los diputados de Morena lo presentaron como una “transformación estratégica”.

Aclararon que nadie estaba en contra de que se donaran algunos espacios, pero consideraban que debieron de presentarse dos iniciativas separadas, una para donación y otra para venta.

Lo más irónico del caso es que varios de los legisladores que este miércoles aplaudieron la desincorporación -Juan Pablo Celis, Nalleli Pedraza y Reyes Galindo- , estuvieron en la toma del Congreso de 2021 impidiendo que se llevara a cabo una sesión en donde se discutiría que el entonces gobernador, Silvano Aureoles, pudiera desincorporar 10 bienes para venderlos.

Es por ello que Belinda Hurtado, de la Representación Parlamentaria, Antonio Carreño (MC) y Santiago Sánchez Bautista (PRI) los tacharon de incongruentes, además de recordarles que su propio “líder moral”, como llaman al expresidente Andrés Manuel López Obrador, se opone a este tipo de acciones porque las considera privatización.

“No es lo mismo ser borracho que cantinero. Tres doritos después, las incorpraciones resulta que ahora no son del diablo, resulta que ahora son la medicina para los problemas de Michoacán”, ironizó Santiago Sánchez, para quien “la congruencia no es el fuerte de la 4T”, ni tampoco la legalidad.

Esta sesión también tuvo manifestantes, entre los que se encontraba la morenista Ana Lilia Guillén.

Belinda Iturbide y Juan Pablo Celis, del grupo del gobernador, justificaron que ahora es diferente y que ellos no son iguales, porque Silvano Aureoles quería usar el producto de la venta para pagar deudas, mientras que ahora se empleará en obra pública.

Enfatizaron que estos espacios estaban desaprovechados y que serán usados para centros infantiles y hospitales, aunque sólo cuatro de los 38 bienes de la lista serán donados para este fin, así como probablemente nueve que se donan a ayuntamientos.

Estos argumentos no sólo no convencieron a la oposición, sino tampoco a los propios morenistas, de modo que Itzé Camacho advirtió que estaban permitiendo el remate de espacios que se podrían usar para fines públicos a empresarios y amigos a precios extremadamente bajos y les advirtió que se iban a arrepentir de eso cuando se supieran los nombres de los beneficiados, además de adelantar que ella misma los daría a conocer más tarde en sus redes sociales.

“¿Ven a Silvano por ahí disfruando algo, paseando por Michoacán sin ser señalado por alguien? ¿A poco no ven al exsecretario de finanzas Carlos Maldonado, pero preso? ¿De verdad lo disfrutan? Ustedes tampoco lo van a disfrutar ¿A poco no tienen temor a nada? ¿No tienen temor a la justicia?”, los cuestionó.

El dictamen se aprobó de manera irregular, enfatizó la panista Ana Vanessa Caratachea, pues la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado indica que estos temas se deben turnar también a la comisión de Desarrollo Urbano Obra Pública y Vivienda.

De hecho, la presidenta de dicha comisión, Sandra Olimpia Garibay, pidió desde la sesión pasada que se le turnara el asunto, pero ante la negativa de la presidencia de la Mesa Directiva, tomó  la tribuna con otras diputadas.

Antes de discutir este punto, la diputada morenista pidió una moción suspensiva para que no se votara el tema hasta que hubieran tomado en cuenta a su comisión pero al obtener solo 13 votos a favor de su  moción, pidió entonces que el presidente del Congreso, Baltazar Gaona, le explicara por qué no atendió su petición.

Gaona sometió a votación su petición y los diputados de Morena -excepto Barragán e Itzé Camacho-, los del PT, el PVEM y el PRDM votaron en contra de que se le diera esa explicación a la diputada, quien más tarde en tribuna anunciaría que iba a denunciar por violencia política en razón de género al presidente del Congreso.

Finalmente se aprobó el dictamen con 29 votos a favor y 11 en contra, de acuerdo con el conteo oficial, aunque con dudas de algunos asistentes al pleno, pues de los 13 diputados que se oponían a la desincorporaciónen un inicio, sólo Carlos Alejandro Bautista cambió de opinión a final y votó a favor, por lo que deberían de haberse contabilizado 12 en contra.

Se presentaron reservas y acordaron que nueve de los espacios que se donarían a ayuntamientos no entraran en el fideicomiso que se usará para la venta y a propósito del fideicomiso, Antonio Carreño, de MC, les advirtió que aunque haya candados para que no se puedan vender los bienes a compadres o amigos, todo ello queda diluido una vez que se mande al fideicomiso.