Editorial | 2027, abrazos legislativos frente al voto amenazado

Michoacán enfrenta la urgente necesidad de blindar sus comicios de 2027 frente al crimen organizado, un desafío frenado por la necedad de un Congreso local que prioriza la agenda de austeridad federal.

En esta ocasión es necesario desentrañar esa paradoja, advirtiendo que ignorar las causales de nulidad por violencia organizada podría entregar otra vez en algunas regiones las urnas a la delincuencia.

El fantasma de la elección local del 2021 aún recorre los intricados caminos de Michoacán, más si recordamos una de las sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Si, aquella emitida por la Sala Superior del propio TEPJF que certificó que el control delictivo focalizado en las casillas electorales de Tierra Caliente fue una cruda advertencia sobre la fragilidad del voto libre.

A las puertas de los comicios de 2027, la entidad se encuentra atrapada en la paradoja, en la cual la urgencia de blindar las urnas choca de frente con la indolencia de la clase política, más de la gobernante.

La necesidad de un blindaje estructural rotundo es hoy una demanda de supervivencia institucional en el estado, lo cual, sin duda alguna implica transitar hacia la nulidad automática de las elecciones bajo coacción armada.

Y, en ello, sancionar con el retiro del registro a los partidos que se dejen beneficiar por los cárteles, porque no es un asunto menor cerrar el paso al poder de facto que pretende seguir suplantando el mandato ciudadano.

Frente a esa realidad se topa con una parcial necedad congresista a nivel local que prefiere solo replicar una inercia agenda de carácter federal; es decir, centrar la reforma electoral en el estado sin mayores manotazos.

Si, centrar la discusión de la reforma electoral michoacana exclusivamente en la austeridad y la eliminación de la reelección, lo que constituye una alarmante evasión frente al acoso delictivo que sufren los municipios.

De nada servirá una democracia simplista si las candidaturas, a cualquier cargo de elección popular, siguen siendo filtradas o eliminadas por integrantes de los grupos violentos que están en su entorno, alrededor.

Los miembros de la mesa interdisciplinaria de la reforma electoral citada tienen la oportunidad histórica de romper con este círculo vicioso; sin embargo, si hay línea, lo cual todo indica que si, el tiempo solo podrá correr.

Hay que hay que decirlo, la cerrazón de no tipificar la violencia delictiva como causa directa de invalidez bajo el pretexto de la complejidad técnica es normalizar la captura de las instituciones locales,

No, no sabemos si Michoacán resistirá otro proceso electoral local con las mismas lagunas jurídicas del pasado, no revertirlas veremos un 2027 convertido en un mero trámite delictivo.