Un iniciativa propuesta en la Cámara de Diputados, busca prohibir las cirugías estéticas en menores, salvo justificación médica, para proteger su salud y desarrollo pleno.
Ciudad de México.-En la Cámara de Diputados, la diputada María Teresa Ealy Díaz, de Morena, ha propuesto una reforma a la Ley General de Salud, incorporando el Artículo 272 Bis 7, para prohibir las cirugías estéticas en menores de 18 años, salvo en casos de justificación médica como malformaciones congénitas, secuelas de accidentes o enfermedades.
La propuesta establece que, en situaciones excepcionales, será necesario un dictamen favorable de un comité médico especializado, el consentimiento informado de ambos padres o tutores, y la voluntad del menor, considerando su madurez.
Asimismo, se enfatiza que las autoridades sanitarias deben garantizar el cumplimiento de estas disposiciones y que la Secretaría de Salud, junto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, emitirá los lineamientos necesarios.
En el documento presentado a la Comisión de Salud, la legisladora señala que los adolescentes y niños enfrentan presiones sociales y culturales respecto a los estándares de belleza, lo que lleva a que se sometan a procedimientos estéticos a edades tempranas.
Advierte que la falta de regulación en la industria ha generado riesgos para la vida y salud de los menores. Cita el caso de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años que falleció en Durango tras una cirugía estética, como ejemplo de la necesidad de un marco normativo que proteja a los menores.
“La ausencia de regulación expresa en la Ley General de Salud permite que clínicas y consultorios realicen procedimientos invasivos sin restricciones de edad ni protocolos específicos”, afirma Ealy Díaz.
La diputada destaca que regular las cirugías estéticas en menores es esencial para garantizar el derecho a la salud y el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia en México.
Concluye que la falta de una prohibición explícita ha dejado a los menores expuestos a intereses económicos y presiones sociales, responsabilizando al Estado mexicano de implementar una ley que proteja el interés superior de la niñez como una medida de justicia social y protección de derechos humanos.
