Morelia, Michoacán
En la antesala de la resolución judicial del caso de Huesitos, un perrito criollo en situación de calle que fue atacado a machetazos en Zitácuaro, la comunidad animalista de Michoacán se mantiene alerta y exige justicia y la aplicación de un precedente histórico en la región oriente del Estado.
La audiencia celebrada este día no concluyó con un fallo, luego que el juez Adán Piña Avilés, decretara un receso de 24 horas para resolver la causa penal 00023/2025, NUC 1006-2024-43301, por lo que la resolución final se dará a conocer en el lapso señalado.
De acuerdo con los activistas, a casi año y medio del inicio del proceso, esta etapa definirá si Cecilia N., señalada como responsable de la agresión y quien enfrenta diversas carpetas de investigación por maltrato animal, recibe una sanción acorde a la gravedad de los hechos.
Carlos Maya Cordero, integrante de la Asociación Abogados Animalistas de México (ASAAM), recordó que la agresión ocurrió en 2024 y que la vida del perrito fue salvada gracias a la intervención de un ciudadano que impidió que el ataque continuara, permitiendo su posterior rescate por defensores de los animales.
El abogado confió en que el juez Piña Avilés marque un precedente jurídico al reconocer a un animal en situación de calle como víctima directa de un delito y a los rescatistas como víctimas indirectas, lo que convertiría el caso en el primero de su tipo en la región.
Desde la sociedad civil, Víctor Chang Campos, rescatista que participó en la atención del caso, reprochó que la inculpada no haya mostrado arrepentimiento durante las audiencias y que haya intentado responsabilizar a los activistas, acusándolos de actuar por intereses económicos.
La activista zitacuarense Kathy Argüello consideró que es un día fundamental para quienes buscan un mundo sin maltrato animal y confió que la sentencia del juez sea un mensaje claro contra la crueldad.
En este contexto, el Colectivo Estatal Animalista de Michoacán (CEAM) y Activismo por el Mundo Animal (AMA) expresaron su confianza en que el juez emita una sentencia que no minimice los hechos y deje claro que la violencia contra seres vivos indefensos no puede normalizarse.
