Ciudad de México
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) recibió de informantes colaboradores un conjunto de testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios e incluso mensajes vía WhatsApp, así como nombres y alias de funcionarios y particulares involucrados en el escándalo de corrupción del Instituto Nacional Electoral (INE).
El cúmulo de información aportada le permitió confirmar la existencia de “múltiples irregularidades cometidas durante años en la contratación de diversos bienes y servicios” otorgados por el instituto a empresas que incluso dictaron los lineamientos de los convenios para resultar favorecidos, señala una publicación de La Jornada.
En un mensaje publicado ayer en sus redes sociales, la Auditoría explicó que su indagatoria al órgano electoral se realiza por primera vez mediante el Programa de Reducción de Sanciones a Informantes en Investigaciones, lo que le ha permitido “fortalecer la investigación de contrataciones públicas” con el oligopolio de empresas de papelería electoral.
Explicó que las personas que se acogieron a dicho programa proporcionaron a los auditores diversos elementos de pruebas, y que la colaboración directa “ha permitido obtener información de personas que conocen cómo habrían operado las irregularidades en contrataciones públicas de organismos comiciales durante varios años”.
Además, señaló que “las investigaciones han permitido documentar indicios de que beneficiarios finales de varias firmas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses”.
Anticipó que continuará las pesquisas para identificar a más involucrados, rastrear el destino de los recursos y que se impongan las responsabilidades correspondientes.
Según un diagrama publicado por la ASF, aportaron datos de manera confidencial y explicaron cómo los contratistas intervinieron en la selección de proveedores y definieron los requisitos técnicos de las convocatorias a modo, en un entramado que involucró a los organismos electorales estatales y al nacional.
Esta información permitió identificar a las empresas, beneficiarios finales, así como a los funcionarios públicos involucrados en el escándalo de contratos otorgados en el Instituto Nacional Electoral, que llevaron a la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del organismo comicial.
*Con información de La Jornada.
