Ciudad de México, Michoacán, 19 de agosto de 2025.- Se mantiene en marcha una investigación por presunto manejo discrecional y desvío de recursos vinculada a la ex dependencia Segalmex —hoy parte de “Alimentación para el Bienestar”—, y, según fuentes, suenan nombres de servidores públicos locales y estatales.

Fuentes consultadas señalan que indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), en su división anticorrupción, la Secretaría del Buen Gobierno y la Auditoría Superior de la Federación analizan partidas preapuestales relacionadas con mantenimiento, limpieza, seguridad y el manejo de las cuentas de los consejos comunitarios de abasto.

Estas pesquisas, según reportes, habrían colocado en el foco a funcionarios como Feliciano Flores Anguiano, Jeremías Balanzar Abarca —recientemente nombrado en la dirección de Recursos Humanos de la Fiscalía de Michoacán— y Donato Peña Guadarrama, señalado por presunto mal manejo de recursos. La FGR no ha emitido hasta ahora un pronunciamiento público que confirme imputaciones formales contra las personas mencionadas; las averiguaciones, de acuerdo con las mismas fuentes, continúan en curso.

La dependencia federal que agrupa a Diconsa y Liconsa fue anunciada por el gobierno federal como “Alimentación para el Bienestar”, programa que también impulsa la transformación de las tradicionales Diconsa hacia las llamadas Tiendas del Bienestar, a cargo de la titular designada, María Luisa Albores. Estas modificaciones y la centralidad del programa en la política social federal son parte del contexto por el cual cualquier irregularidad suscita especial atención institucional.

Hasta el momento no existe información pública sobre una postura oficial de la Presidencia de la República respecto a las investigaciones mencionadas; la titular del Ejecutivo federal es la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las pesquisas que se reportan —aun cuando aún no se traducen en cargos públicos ni sentencias— subrayan la necesidad de transparencia y de que las autoridades competentes informen con precisión y prontitud sobre el avance de las indagatorias para despejar dudas y proteger el debido proceso.