La audiencia por acoso sexual contra La Cotorrisa fue suspendida, manteniendo el caso en el foco mediático.
La audiencia inicial sobre la denuncia de acoso sexual contra el equipo del programa La Cotorrisa fue suspendida el 5 de diciembre en la Sala de Oralidad 7 de la Ciudad de México.
La denuncia de Jesica Bustos
El caso surge de la denuncia presentada por Jesica Bustos, quien acusa a Ricardo Pérez, José Luis Slobotzky e Iván Mendoza de comentarios con connotación sexual durante el episodio 308 del podcast, emitido en febrero de 2025.
La popularidad del programa ha generado un intenso interés público y ha reavivado el debate sobre los límites del humor.
A la salida de la sala, Ricardo Pérez evitó comentar detalles sobre el proceso, señalando que las preguntas debían dirigirse a los abogados.
Al ser cuestionado sobre sus sentimientos, respondió: “Tranquilo, en buenas manos”. No añadió más sobre la acusación ni el avance del proceso.
El abogado Damián Martínez, quien representa a los integrantes del programa, confirmó que la audiencia no se llevó a cabo.
“Todo bien, todo tranquilo, no se llevó a cabo la audiencia. Así es [se va a posponer]”, afirmó, reiterando que sus clientes están “muy tranquilos”.
La defensa argumenta que la denuncia carece de fundamentos penales y que los comentarios se realizaron en un contexto humorístico.
El Poder Judicial aún no ha fijado una nueva fecha para continuar el proceso, siendo la suspensión atribuida a cuestiones procedimentales que deben resolverse.
Bustos y su equipo esperan que la audiencia avance hacia la judicialización de los hechos considerados como acoso sexual.
La abogada Elizabeth Mariano, representante de la denunciante, confirmó la suspensión: “Esta audiencia no se culminó por algunos actos procedimentales, pero estamos en espera de la nueva fecha de audiencia”.
Comentarios de La Cotorrisa vulneraron la dignidad de Bustos
La defensa alega que los comentarios de La Cotorrisa vulneraron la dignidad de Bustos, al ser expresiones de índole sexual difundidas ante millones de espectadores, lo que, según la denunciante, le causó afectaciones emocionales, personales y familiares.
Mariano subrayó que, a pesar del aplazamiento, se han dado pasos importantes para su clienta: “Y afortunadamente hoy a nuestra víctima se le están haciendo valer sus derechos y ya tiene medidas de protección para que nadie vuelva a vulnerarla”.
La defensa insiste en que su objetivo no es económico. La denunciante y su esposo, Xuxo Dom, buscan consecuencias penales reales, afirmando que desean que los responsables “paguen con cárcel”.
El caso sigue bajo intensa atención mediática mientras se espera la nueva fecha.
Las partes se preparan para el siguiente capítulo de un proceso que ha abierto un debate sobre el alcance de la comedia, la responsabilidad de los creadores de contenido y las implicaciones legales de los discursos públicos en plataformas masivas.
