Morelia, Michoacán
Fuera del proceso de personas detenidas por delitos de crueldad contra los animales quedan los mecanismos alternativos de justicia, a raíz de la reforma aprobada por el Congreso del Estado a la ley de bienestar animal, en noviembre pasado.
De acuerdo con el abogado animalista Carlos Maya, la crueldad contra los animales se penaliza actualmente con prisión entre tres y ocho años, lo que arroja cinco años como media aritmética.
Esto es, que además de aumentar las penas de prisión, se excluye a los individuos detenidos por crueldad en contra de los animales de la posibilidad de acceder a mecanismos alternativos de justicia, como los acuerdos reparatorios.
Carlos Maya destacó que esta resolución impedirá que quienes ejerzan crueldad contra los animales puedan solventar su conducta con la entrega de insumos e implementos como alimento seco o transportadoras.
Y es que, recordó, anterior a esta reforma a la ley de bienestar animal el robo de autopartes era penalizado con mayor seguridad que la crueldad en contra de los animales.
El abogado animalista precisó que la crueldad en contra de los animales se define como la acción dedicada solo a causar daño o muerte al ejemplar, como el envenenamiento.
Respecto de otros comportamientos, como la omisión o negligencia en los cuidados debidos a los animales, se califican como maltrato en contra de los animales.
Si bien también en este rubro se incrementaron las penas de prisión, que quedan entre tres y cinco años, al ser la media aritmética menor a cinco años los detenidos por este ilícito alcanzan los beneficios de los mecanismos alternativos de justicia.
Cuestionado sobre los pendientes que los legisladores estatales mantienen en materia de bienestar animal, Carlos Maya precisó el caso de los abusos y violaciones sexuales en contra de los animales.
Estos, por una mala técnica legislativa, afirmaron que solo definen como maltrato y no crueldad, aunque el único fin de los mismos es el daño.
Otros pendientes son la omisión que observa la Secretaría de Medio Ambiente en bienestar animal, y la necesidad de dotar a los municipios con más herramientas para sancionar los delitos que afectan a los animales.