El uso estratégico de medios tecnológicos y científicos permitirá garantizar al pueblo de México el derecho a vivir con seguridad, en paz y con justicia, afirmó el senador

Ciudad de México, a 02 de julio de 2025.-

“Con la aprobación de estas nuevas leyes en materia de inteligencia e investigación, colocamos a nuestro país a la vanguardia en las prácticas más avanzadas del mundo para la seguridad pública”, afirmó el senador de Morena por Michoacán, Raúl Morón Orozco.

Así lo expresó ante el Pleno del Senado de la República durante su participación en la discusión que derivó en la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En su argumentación, el legislador michoacano destacó que, los gobiernos de izquierda a partir del año 2019, iniciaron un proceso de transformación para revertir las causas y consecuencias de la opacidad, descoordinación, impunidad, falta de transparencia y desconfianza en las instituciones policiales, que durante años, generaron los gobiernos neoliberales, responsables de la falta de seguridad y del consecuente deterioro del tejido social.

Por ello, para fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, con estas leyes se permite el uso estratégico de los medios tecnológicos y científicos para fortalecer la capacidad del Estado en la prevención, investigación y sanción de delitos.

Por medio de una Plataforma Central operada por el Centro Nacional de Inteligencia, se establecerá un sistema de información interconectado con varias instituciones públicas, registros oficiales y excepcionalmente con datos de particulares.

El senador precisó que la reforma no se trata de espionaje, ni de violación a derechos humanos; se trata de usar la tecnología al servicio de la legalidad, la paz y el bienestar del pueblo mexicano y sentenció que con ella se consolidará a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como el órgano articulador de las tareas de inteligencia en el país con atribuciones claras para coordinar a las policías estatales y municipales, y con capacidad técnica para tomar decisiones con base en evidencias.