Mirador Ambiental

Hasta ahora no se han analizado todas las dimensiones de la criminalidad que flagela el diario existir de los mexicanos y que siguen empujando a la ruina a la sociedad mexicana. Incluso los enfoques de la “integralidad”, esos que incorporan los componentes laborales, sociales, educativos, deportivos y hasta familiares, que han predominado en las últimas décadas, han dejado fuera uno de los factores más importantes del fenómeno.

Desde el 2008, al menos en Michoacán, ya se planteaba que la criminalidad debía atenderse desde esa perspectiva de la integralidad. Se decía entonces que, si se iba a las causas, considerando en esas causas a la educación, el empleo, etc., el problema sería atendido y resuelto de fondo. La propuesta sonaba plausible y también romántica; muy buena para la prensa y el consumo de las masas.

La cuestión es que después de 18 años el resultado esperado jamás ocurrió. Las estrategias han abordado la atención a la criminalidad desde todos esos ángulos. Que si los instrumentos de la justicia, que si leyes más severas, que si la participación coordinada de las fuerzas armadas, la Guardia Nacional, las guardias civiles y las policías municipales, que si acciones educativas, culturales, de convivencia social, de salud, y, los resultados siguen escasos.

Sexenio tras sexenio asistimos sólo a podas menores de los poderosos árboles que representan a los carteles criminales. Vemos caer ramas y hojas de esos árboles, sólo para presenciar su reverdecimiento y fortalecimiento. De vez en cuando caen capos importantes, pero no por decisión convencida de los gobernantes en turno, sino por presiones extranjeras o por sobrevivencia política de coyuntura.

Existe toda una historia de capos asegurados para satisfacción del gobierno estadounidense, no como parte de un proceso coherente, progresivo y consistente del gobierno nacional. Las entregas de jefes mafiosos en los últimos años comprueban esta tendencia.

No puede ser casualidad que en esa estrategia de enfoque integral no aparezca como factor determinante, jerárquicamente prioritario, el papel de la clase política mexicana. Hasta ahora en ese enfoque, cuando los políticos aparecen en escena, se les ve como una consecuencia de la acción criminal y no como realmente sabemos que ocurre, como el origen de la criminalidad, como los verdaderos padrinos.

Si del 2018 a la fecha han sido apresados 25 presidentes municipales es por algo, y ello es sólo la punta del iceberg. Esta es una de las razones de por qué las estrategias están fallando. Por eso las podas de hojas y ramas jamás acabarán con el árbol maldito. La estrategia debe reconocer ya la realidad, lo que los mexicanos vemos: que muchos políticos, desde presidentes municipales, diputados locales, federales, senadores y hasta mandatarios están o han estado relacionados con los grupos criminales, no como elementos secundarios o accidentales, sino como actores y beneficiarios determinantes para la expansión de las operaciones criminales.

Los ejemplos que ilustran esta realidad aparecen por aquí y por allá en casi todas las entidades y en la operación de entes federales. Por eso, de muy poco sirven las acciones culturales, educativas, de salud o de vivienda, si el nido de la serpiente sigue íntegro. Esta omisión se ha convertido en la mayor vulnerabilidad del gobierno de la república frente a un trumpismo que presume y exhibe la subordinación del gobierno mexicano a los cárteles de la droga.

El día que el gobierno mexicano se decida a desmantelar la red de políticos que protegen y dirigen a los capos criminales, sean del partido que sean, hasta entonces podremos ver cómo la expansión y operación del crimen comienza a colapsar. Hasta entonces podremos estar seguros de que una limpia seria está en marcha. Es decir, la estrategia de ataque al crimen debe reconocer que el factor determinante lo constituyen los políticos que amparan y se benefician del crimen organizado, y que ellos deben aparecer como los objetivos prioritarios para desmantelar esas organizaciones, que han podido crecer gracias a la información de toda naturaleza que esos mismos políticos les proporcionan.

El control que siguen teniendo sobre los territorios y la expansión en sus capacidades para expoliar los ingresos de todos los sectores productivos es el indicador más preciso de que la actual estrategia ha sido insuficiente. Si las acciones anticrimen no avanzan contra esta clase política podrida, que ha optado por entregar a sus electores a las manos de esos bandidos y asesinos, tendremos para el 2027, como nunca, una elección dominada por las bandas delincuenciales. Es decir, así como van las cosas, veremos una elección operada por los grupos criminales para beneficiar a los padrinos políticos que los moverán para asegurar cuotas de poder y garantizar su continuidad.

Frente a un complejo escenario, propiciado por la ingobernabilidad criminal en el país y agravado por la voluntariosa fragilidad de la relación con Estados Unidos, que reclama acciones contundentes ante un problema que identifican como causa de su inseguridad, la política de brazos cruzados frente a políticos criminales es insostenible y una ruta segura para el suicidio del oficialismo. Si los políticos, que hoy son jefes y operadores de la delincuencia criminal, continúan ejerciendo funciones de representación popular o de administración pública, el baño de sangre continuará, igual la extorsión, el control de territorios, las desapariciones, el secuestro y el desplazamiento.

Ellos son la pieza clave en las estructuras criminales. La vida, la seguridad y el futuro de los ciudadanos no puede estar en manos de los padrinos políticos del crimen.

*El autor es experto en temas ambientales, analista político, e integrante del Consejo Estatal de Ecología.