• Para el Mtro. Jorge Antonio Loyo Pérez, del Departamento de Derecho, el acuerdo del Órgano de Administración Judicial ligaba la permanencia de miles de trabajadores del Poder Judicial • Señala que el personal respondió con un paro que detuvo los tribunales; en 48 horas la Suprema Corte dio marcha atrás

El Órgano de Administración Judicial, de reciente creación, publicó un acuerdo que cambió las reglas para conservar el empleo dentro del Poder Judicial de la Federación. Quien no alcanzara ciertos estándares en exámenes y métricas de desempeño podía ser separado de su puesto. La reacción de los trabajadores fue paralizar tribunales, y apenas 48 horas después la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó las pruebas de inspección.

Para el Mtro. Jorge Antonio Loyo Pérez, Académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (IBERO), el episodio exhibe que una institución encargada de vigilar que se cumpla la ley, en su primer gran acto administrativo, intentó pasar por encima de los derechos laborales de quienes hacen funcionar la justicia.

¿Qué cambiaba para los trabajadores?

En el gobierno hay dos tipos de empleados. El personal “de base” tiene inamovilidad, es decir, no puede ser despedido sin una causa justificada y probada; el personal “de confianza” no cuenta con esa protección. El acuerdo mezclaba ambas categorías:

• Oficiales judiciales y asistentes: históricamente de base, dejaban de tener un empleo seguro. Su permanencia quedaba condicionada a aprobar evaluaciones de forma continua
• Secretarios y actuarios: considerados de confianza, recibían “constancias de permanencia” por dos años, una estabilidad temporal que no existía

Según el Mtro. Loyo Pérez, el resultado era sustituir la frontera que marca la Constitución por un régimen de despido unilateral, basado en evaluaciones subjetivas y que daba a los jefes “poder desmedido” sobre la permanencia de sus subordinados.

¿Despido disfrazado de examen?

Para medir qué tan grave era la medida, el especialista explicó el “test de proporcionalidad”, la prueba que usa la Suprema Corte para revisar si una restricción a un derecho está justificada y no es excesiva.

Como comparación, dijo que en las empresas privadas la ley permite que un patrón se niegue a recontratar a un trabajador, pero a cambio debe pagarle una indemnización importante, para que el derecho a la estabilidad no quede vacío.

El acuerdo del OAJ, explicó, no superaba esa prueba: despedir por un “estándar no alcanzado” no perseguía un fin constitucional equivalente, y además permitía cesar a oficiales y secretarios sin responsabilidad para el Estado y sin el juicio formal que exige un despido justificado.

“Se trataba de una rescisión de facto, una sanción punitiva camuflada de diagnóstico académico”, resumió.

Una huelga casi imposible, un paro que sí funcionó

La Constitución reconoce el derecho de huelga a los trabajadores del Estado, pero en la práctica, advirtió, es “un espejismo”: se debe probar una violación “general y sistemática” de derechos y reunir a dos terceras partes del personal, sin contar al de confianza.

Detalló que con el paro de los trabajadores judiciales, el Estado tenía la facultad legal de despedir en 24 horas a quienes participaron; sin embargo, la amenaza no podía cumplirse, pues despedir a miles de operativos paralizaría la justicia en México.

Con un comunicado de la SCJN se derogaron los efectos sancionatorios, se eliminaron las evaluaciones extraordinarias que podían pedir los titulares y se redujo la subjetividad. Para el especialista, fue una confesión tácita de que la evaluación era, en realidad, “un mecanismo de control y sumisión laboral”.

No solo pasa en México

El académico explicó que ocurre algo similar en España, donde jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia han realizado paros y manifestaciones contra proyectos de ley que buscan cambiar el acceso a la carrera judicial. Allá también denuncian pruebas más subjetivas y el riesgo de selección ideológica, indicó.

El especialista acotó que evaluar al personal es una herramienta indispensable, pero advirtió que pierde legitimidad cuando se usa para despedir.

“La justicia no se reconstruye a bandazos ni precarizando a quienes la operan”, concluyó.