Jorge Ávila / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se dijo en desacuerdo con la propuesta de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados sobre declarara la desaparición de poderes en el estado de Michoacán ante el clima de violencia que vive la entidad.

Consultado por los medios locales, el edil moreliano rechazó que la desaparición de poderes en el estado sea la solución, además de que, dijo, “no veo el escenario para una desaparición de poderes”.

A decir del alcalde, la desaparición de poderes se justifica cuando estos están colapsados, sin embargo, en el caso de Michoacán, aseguró que él ve “un Poder Legislativo trabajando, operando, y el Poder Ejecutivo de igual forma”; no obstante, reconoció que sí se requiere más apoyo federal, más recursos, ya que, señaló, “el gobierno del estado necesita ser fortalecido por la federación. Pero no veo condiciones, ni un escenario para la desaparición de poderes en Michoacán. Es más, no le haría bien a nuestro estado”.

Petición en San Lázaro

Cabe recordar que el pasado martes, la coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, presentó a la Mesa Directiva un punto de acuerdo para solicitar al Senado la declaración de desaparición de poderes en Michoacán, ante lo que ella consideró una situación de ingobernabilidad a la que se enfrenta el estado, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La legisladora sentenció que las condiciones de violencia generalizada, asesinatos sistemáticos de autoridades municipales, acusaciones de colusión de funcionarios con grupos criminales y ausencia de resultados en la procuración de justicia imperan en la entidad y en conjunto representan una grave crisis de ingobernabilidad que imposibilita el ejercicio normal de los poderes públicos en Michoacán.

La expriista precisó que la desaparición de poderes está prevista en el artículo 76 constitucional y puede ser solicitada por la Cámara de Diputados al Senado cuando se considera que no hay condiciones para el ejercicio normal de los poderes públicos en una entidad federativa.

La propuesta busca que el Senado evalúe si procede declarar la desaparición de poderes, lo que podría llevar a la designación de un gobernador provisional.

No es la primera vez

Esta no es la primera vez que se hace una solicitud de desaparición de poderes en el estado, ya que en 2024 y en 2013 se presentaron casos similares.

El 28 de febrero de 2024, el diputado panista Jorge Triana acusó el colapso de la seguridad pública en los estados de Michoacán y Guerrero, por lo que planteó que los senadores iniciaran una valoración para la desaparición de los poderes en ambas entidades.

El panista destacó en ese entonces que en Michoacán había una “disputa de guerrillas internas en el crimen organizado”, y en Guerrero, no había ni siquiera transporte público ni abasto de los bienes de insumo más básicos al estar controlados por el crimen organizado

En 2013, durante la administración que inició Fausto Vallejo, continuó Jesús Reyna y concluyó Alfredo Castillo a través de Salvador Jara, el PAN también solicitó la desaparición de poderes.

El 28 de octubre de 2013, la bancada del PAN en el Senado se pronunció por la desaparición de poderes en Michoacán, luego que el 27 de octubre se registraran diversos ataques contra subestaciones de la CFE en la entidad.

En ese momento, el entonces presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth, dijo que el grupo parlamentario del PAN percibía que, desde meses atrás, en Michoacán había un vacío de poder, que no se había subsanado ni con la entrada de las fuerzas federales: “Es momento de que el presidente de la República (Enrique Peña Nieto) le solicite al Congreso la desaparición de poderes en Michoacán. Si lo plantea, el gobierno de la República tendrá la reflexión, la colaboración y la responsabilidad de los senadores de Acción Nacional. No puede pasar un minuto más con esa estrategia fallida”, dijo.

La madrugada del domingo 27 de octubre de 2013, grupos armados atacaron con bombas molotov 18 subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 6 gasolineras en diversos municipios.

Esos ataques simultáneos dejaron sin energía eléctrica a más de 420 mil 291 clientes en las localidades de Buenavista Tomatlán, Tepalcatepec, Aguililla, Apatzingán, Sahuayo, La Piedad, Zinapécuaro, Uruapan, Zamora, Ciudad Hidalgo y Tuxpan, según informaron la CFE y la Secretaría de Gobernación en su momento.

Aunque en ese momento no se declaró formalmente la desaparición de poderes, el gobierno federal creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, encabezada por Alfredo Castillo Cervantes, quien destituyó a funcionarios estatales, incluido el gobernador, y nombró personajes afines, muchos de ellos originarios del Estado de México, así como a Salvador Jara, entonces rector de la Universidad Michoacana, para que asumiera las funciones de gobernador. Todo ello mientras proliferaban los grupos de autodefensa.

El caso Penjamillo

El 25 de noviembre de 2022, y luego de decretar la desaparición de poderes en el municipio de Penjamillo, diputados locales designaron a los integrantes de una nueva junta de gobernabilidad en esa demarcación: el Concejo Municipal, esto, a propuesta del Partido Encuentro Solidario (PES), el cual había obtenido el triunfo en el proceso electoral anterior.

En ese entonces, tras dos meses en que la violencia se había apoderado por completo de la localidad, renunciaron todos los integrantes del Cabildo, por lo que el Congreso del Estado desapareció poderes y tuvieron que nombrar una junta de gobierno.

El antecedente de este caso fue la desaparición, en 2021, del alcalde electo, Gilberto Mejía Salgado, quien fue privado de la libertad por un grupo armado, luego de ganar la elección local.

En su lugar, el Congreso local nombró el 30 de septiembre de 2021 a Xóchitl Kareli del Río Carranza, como alcaldesa provisional de Penjamillo. Sin embargo, posteriormente fue ratificada como presidenta municipal sustituta, cargo al que renunció a mediados de noviembre de 2022 ante los problemas de violencia e inseguridad.