Morelia, Michoacán
Un total de 2.6 millones de pesos fueron recuperados en beneficio del erario público, a través de resoluciones judiciales y acuerdos reparatorios impulsados desde la Fiscalía Especializada en Combate contra la Corrupción.
No obstante, la estimación es que el impacto económico del daño a la hacienda estatal es de 449 millones de pesos, a través de la comisión de presuntos actos de corrupción.
Este jueves, la titular de la Fiscalía Especializada en Combate contra la Corrupción, Marisol Sánchez Zamudio, rindió su primer informe de labores ante el Poder Legislativo local, correspondiente al lapso del 31 de marzo de 2025 al 31 de marzo de 2026.
Sánchez Zamudio expuso que este año se logró una recuperación de recursos públicos 188.89% mayor a la observada en el período inmediato anterior, de 900 mil a dos millones 600 mil pesos, a través de resoluciones judiciales y acuerdos.
Asimismo, se registraron 24 carpetas de investigación judicializadas y 16 solicitudes de audiencia inicial, con más de tres mil personas atendidas, entre denunciantes, víctimas, buscadores de asesorías y personas entrevistadas como parte de las investigaciones y procedimientos.
Se tuvieron además 49 personas señaladas por la probable comisión de actos de corrupción, de las que 36 fueron hombres y 13 mujeres.
Estos son funcionarios estatales y municipales, así como elementos de seguridad y administrativos.
El gasto operativo anual de la fiscalía ascendió a poco más de 13 millones de pesos.
Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Marisol Sánchez expuso que se tiene una proyección de daño estimado al erario público por 449 millones de pesos, lo que representa una expectativa real de reparación.
La cifra deriva de afectaciones a sistemas estatales, entidades educativas y obra pública.
En el mundo, 2.6 billones de dólares se destinan cada año al pago de cohecho o sobornos, la que es cinco por ciento del producto interno bruto (PIB) global, dinero que debía destinarse a obra pública, salud, educación, seguridad pública, infraestructura y más.
Asimismo, se prevé que a escala internacional la corrupción es un impuesto oculto para los inversionistas, capitalistas, emprendedores y empresarios, que promedia 10% del monto a radicar.
Sin embargo, en México este impuesto oculto llega a 30%, y se complica su investigación por el uso creciente de criptomonedas, así como la incursión de actores Allende las fronteras estatales o nacionales.
Entre los asistentes al informe, destacaron los diputados locales Baltazar Gaona, Giuliana Bugarini, Anabet Franco y David Martínez, y el secretario técnico de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, Diego Cárdenas Luján.
