Noticias vivienda. El sector inmobiliario extendió la mano al Gobierno mexicano para acelerar la construcción de vivienda asequible, al considerar que el rezago habitacional no se resolverá sin certidumbre jurídica, permisos más rápidos y suelo apto cerca de los centros de trabajo.

El presidente de Canadevi Valle de México, Jorge Gordon, afirmó que las iniciativas oficiales son bien recibidas, pero sostuvo que en ciudades consolidadas todavía faltan instrumentos reales para traducir la prioridad política en vivienda ejecutable. Por su parte, Federico Cerdas Ortiz, de Global Businesses Inc, señaló que el déficit nacional ronda entre 9 y 10 millones de viviendas.

En la Ciudad de México, Carlos Mackinlay, de Servimet, aseguró que la Norma 26 está de vuelta para contener la gentrificación, permitiendo vivienda asequible en alcaldías centrales con un tope de 2,031,000 pesos por unidad, bajo nuevos candados para evitar abusos.

Cuellos de botella y regulación Los especialistas coincidieron en que el principal obstáculo es la regulación. Gordon señaló que un proyecto puede tardar hasta dos años en obtener permisos. En contraste, con la reactivación de la Norma 26, se busca reducir los trámites a solo tres meses mediante acuerdos de facilidades administrativas.

Cerdas añadió que el costo del suelo representa hasta el 30 % del valor de la vivienda, por lo que pidió reducir la carga administrativa y facilitar el acceso a tierra a buen precio. Este diagnóstico coincide con reportes de BBVA México, que advierten que la oferta no crece al ritmo de la demanda, encareciendo los precios para los jóvenes.

Finalmente, el sector propuso esquemas de cooperación donde el Gobierno aporte tierra y los privados desarrollen, subrayando que ninguna de las partes podrá resolver el rezago de manera aislada.