Por KARINA CÁRDENAS GONZÁLEZ*

Hoy, miles de jóvenes enfrentan un entorno marcado por la falta de oportunidades: Rezago educativo, escasez de empleos dignos y desigualdad salarial. Esta realidad no es percepción, es dato, según el INEGI: En Michoacán, el 25.7 por ciento de la población vive en rezago educativo, por encima del promedio nacional, y más del 61 por ciento carece de acceso a seguridad social, lo que refleja un entorno estructural de precariedad.

Michoacán también refleja una desigualdad territorial profunda. Mientras en algunas zonas urbanas se concentran las oportunidades, en regiones rurales persisten carencias graves: La pobreza alcanza al 34.3 por ciento de la población, con mayor incidencia en zonas rurales. Esta brecha limita el acceso real de las juventudes a educación, conectividad y desarrollo.

Las consecuencias son claras. Solo el 46.6 por ciento de los jóvenes tiene acceso a educación, y en algunos contextos hasta el 80 por ciento de los delitos son cometidos por personas menores de 24 años, lo que evidencia cómo la falta de oportunidades se traduce en vulnerabilidad frente al crimen organizado.

A ésto se suma un contexto de violencia persistente. Entre 2020 y 2024, Michoacán acumuló más de 10 mil 798 homicidios dolosos y más de 3,000 personas desaparecidas, en un entorno donde la percepción de inseguridad alcanza el 80.9 por ciento de la población. No es casualidad que niñas, niños y adolescentes sean uno de los grupos más afectados: el estado se posiciona entre los primeros lugares nacionales en homicidios de menores.

En este contexto, el crimen organizado ha encontrado en las juventudes un mercado estratégico. No solo por su vulnerabilidad económica, sino porque el propio sistema les ha fallado. Hoy, incluso contar con estudios no garantiza acceso a vivienda, estabilidad, ni futuro.

Frente a esta crisis, las respuestas institucionales han sido insuficientes. Apostar por endurecer penas o criminalizar a las juventudes no resuelve el problema de fondo. Llenar cárceles no sustituye la falta de oportunidades.

La juventud no puede seguir siendo discurso político. Los datos son claros: Pobreza, rezago educativo, violencia y desigualdad están empujando a miles de jóvenes hacia el crimen organizado.

Es urgente construir una política pública integral que garantice acceso real a educación, empleo digno, desarrollo regional y reconstrucción del tejido social. Porque mientras no se atienda la raíz del problema, el crimen organizado seguirá haciendo lo que el Estado no ha hecho: Ofrecer alternativas, aunque sean falsas.

Invertir en las juventudes no es una opción. Es la única forma de recuperar el futuro de Michoacán.

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* Karina Cárdenas González. Es Licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Representó a Michoacán en el Parlamento Juvenil del Senado de la República. Es activista y promotora de la participación juvenil en materia política. Actualmente es presidenta de la Red de Jóvenes Por México en Michoacán.