Lorena Cortés

Durante años, en México se incubó una idea tan cómoda, absurda, como criminal; creer que pactar, tolerar o coexistir con el crimen organizado podía “contener” la violencia.

No la contuvo. La administró mal y la dejó crecer. Esa lógica, ensayada por tramos desde distintos espacios del poder, de todos los partidos y  sexenios, no produjo gobernabilidad. Produjo soberanía erosionada, territorios condicionados y una ciudadanía obligada a vivir bajo la pedagogía del miedo.

El error  también es narrativo. Cuando el poder presidencial evita nombrar al crimen organizado como una amenaza directa al Estado, transmite que el objetivo no es recuperar autoridad, sino dosificar costos políticos.

Hoy esas redes no viven solo del narcotráfico. Operan como empresas “policriminales” con presencia en tráfico de personas, armas, lavado y control logístico. La Convención de Palermo fue diseñada justamente para enfrentar ese tipo de delincuencia organizada transnacional mediante cooperación, decomisos, asistencia legal mutua y combate a las finanzas criminales.

La cumbre Escudo de las Américas, celebrada el 7 de marzo de 2026 en Miami bajo el liderazgo de Trump, confirmó que el tema criminal está entrando a una fase hemisférica más dura; el encuentro reunió a líderes latinoamericanos para fortalecer la seguridad regional y una coalición contra el crimen organizado. México no puede ser ageno a  ese nuevo momento estratégico, no puede llegar con ambigüedad doctrinal ni con reflejos de evasión. Ahí donde la batarra narrativa la gana Bukele.

Aquí el eje izquierda derecha sí importa. No como consigna de campaña, sino como concepción del Estado. Una izquierda que reduce el problema criminal a mera consecuencia social corre el riesgo de subestimar la autonomía armada, financiera y territorial de estas redes del crimen.  Una derecha que solo ofrece fuerza puede terminar confundiendo músculo con estrategia.

El punto de quiebre no está en la etiqueta ideológica, sino en si el gobierno está dispuesto a disputar soberanía real.

Porque ese es el fondo del problema. El crimen organizado en México no solo delinque. Gobierna fragmentos del territorio. En varias regiones prevalece una gobarnanza criminal. Cobra, castiga, regula, recluta y reemplaza funciones públicas.

México necesita una doctrina propia. Necesita cooperación internacional seria y una narrativa presidencial que abandone los rodeos. La política social es indispensable, pero no alcanza si no va acompañada de coerción legítima y justicia efectiva.

Los hechos recientes lo confirman, tras la operación militar contra Nemesio Oseguera hubo bloqueos, incendios y una reacción violenta de gran escala. Ese episodio mostró que el país enfrenta estructuras con capacidad real de desestabilización territorial.

La presidenta tiene una oportunidad histórica. Puede romper con la ficción de que pactar con el narco compra paz. No la compra. Compra tiempo para el adversario. Y México ya pagó demasiado por esa ilusión. Lo que toca ahora es asumir que la soberanía no se declama, se ejerce. Esa narrativa debe comenzar por no tolerar ningún acto de corrupción y por señalar de frente a la delincuencia organizada de cuello blanco enquistada incluso dentro del propio régimen. Porque un Estado que no nombra con claridad a su enemigo termina cediéndole el lenguaje, el territorio y el futuro de un país.