Editorial
La confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», no trajo consigo el alivio de la justicia cumplida, sino el peso asfixiante de un estado que se detuvo en seco.
Lo que vivimos en las últimas horas en Michoacán no es solo una crisis de seguridad; es la manifestación de un fenómeno de control social donde la voluntad ciudadana ha quedado anulada por tres tipos de encierro: el institucional, el criminal y el del miedo.
La parálisis por decreto bajo el eufemismo de «medidas preventivas», como la suspensión de clases en la entidad y la cancelación de eventos masivos son, en los hechos, un reconocimiento tácito de la incapacidad oficial para garantizar la integridad en los espacios públicos.
Si bien la prudencia es necesaria, el mensaje gubernamental enviado podemos establecer que es desolador: ante la caída de un capo, el Estado prefiere bajar la cortina antes que demostrar control sobre el territorio.
Por otro lado, mientras las oficinas públicas cerraban, el crimen organizado dictaba su propia ley en las carreteras. Los bloqueos carreteros, el incendio de vehículos y las acciones contra comercios y Bancos Bienestar no fueron solo actos de resistencia, sino la imposición de un toque de queda violento.
En estos puntos, la libertad de tránsito fue sustituida por el fuego y el retén delictivo, recordándonos que amplias zonas de nuestra geografía siguen bajo un mando que no emite boletines, pero que se hace obedecer con pólvora.
Sin embargo, el fenómeno más revelador —y doloroso— ha sido el auto toque de sitio, sobre todo en la capital michoacana y no un número menor de las principales cabeceras municipales, en donde las calles se vaciaron mucho antes de que el sol se ocultara.
No hubo necesidad de un decreto formal ni de un convoy armado en cada esquina para que gran parte del comercio bajara sus cortinas. Este repliegue voluntario de la sociedad civil es el síntoma de un guiño de orfandad institucional.
Si, la y el ciudadano michoacano, curtido en una década de violencia intermitente, ha aprendido que su única defensa es la invisibilidad. El silencio que hoy impera una buena parte de la entidad no implica respeto, es temor con dejos de pánico.
Con todo el discurso oficial, Michoacán vivió y deja remanentes de una paz ficticia, una paz de puertas cerradas. Entre el decreto oficial que paraliza las aulas, el bloqueo criminal que incendia las rutas y el resguardo ciudadano que vacía las calles, la pregunta para nuestras autoridades es clara:
¿Cuándo volverá el Estado a ocupar el espacio que hoy le han cedido al miedo? Mientras el control de la vida cotidiana siga en manos de la incertidumbre, la captura o muerte de cualquier líder criminal será apenas un capítulo más en nuestra larga historia de confinamientos no elegidos.
